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En un mes y un día, tras más de dos años de encierro, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano, Lucas y Ciro Pertossi (22), los acusados de asesinar a golpes Fernando Báez Sosa el 18 enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, enfrentarán el juicio por el crimen. Pueden ser condenados a prisión perpetua.
El delito que se les imputa es el de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. También por “lesiones leves” sufridas por amigos de Fernando, que estaban junto a él la madrugada del crimen.
El debate se desarrollará entre el 2 y el 31 de enero de 2023 en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari. precisamente en la Sala de Audiencias del Palacio de Tribunales de esa localidad. Por allí pasarán, según está previsto, más de 130 testigos, en un caso fuertemente nutrido por la instrucción de la fiscal gesselina Verónica Zamboni. Silvino y Graciela, los padres de Fernando, querellantes en el expediente, fueron citados a declarar en la primera audiencia del proceso.
Hasta allí, también, deberán trasladarse los ocho acusados que, desde el 13 de marzo de 2020, están alojados en la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero, en La Plata.
A partir del acuerdo que realizó el ministro Massa, las petroleras participantes no deberán incrementar en más de 4% sus valores durante los primeros tres meses de vigencia, mientras que en cuarto mes la suba será de 3,8%. De esta forma se consolida un camino previsible para reducir la inflación.
Este compromiso involucra a las compañías YPF, Shell, Axion y Puma, las que acordaron sumarse a las gestiones de Sergio Massa, Matías Tombolini y Flavia Royón destinadas a ordenar el precio de los combustibles. Esta política, desarrollada por las autoridades nacionales desde el Ministerio de Economía, permite llevar previsibilidad y alivio a los hogares argentinos.
Massa explicó que, el acuerdo de precios “cuenta con la particularidad de la participación de los trabajadores de estaciones de servicio, que se comprometieron a articular con la secretaria de Comercio para garantizar el control y el cumplimiento del programa”.
Cabe recordar que, a partir del plan “Precios Justos”, la cartera de Economía ya implementó un acuerdo voluntario de precios de la canasta familiar. En la misma línea de trabajo, ahora se suman los precios de los combustibles con las principales empresas operadoras del mercado.
El acuerdo de Precios Justos es parte del conjunto de medidas tomadas desde que Sergio Massa asumió en Economía. Hasta el momento, los instrumentos de gestión diseñados por el ministro han logrado estabilizar la inflación y llevar tranquilidad al bolsillo de las y los trabajadores.
La incorporación de las principales empresas de hidrocarburos al esquema de “Precios Justos” busca extender ese sendero de previsión y controlar los aumentos en el sector de los combustibles.
Entre los aspectos que involucra la medida, se contempla que el Estado nacional ofrezca garantías de acceso a divisas a las empresas, en particular para sostener el stock de los lubricantes, además de realizar reducciones temporarias de la carga impositiva a efectos de cumplir con las necesidades de abastecimiento de combustibles para los sectores del agro en los meses de enero y febrero.
Las denuncias de violencia de género que requieran intervención policial serán receptadas por el 911. La medida se estableció a partir de la articulación entre la línea 144 y el número de atención de emergencias.
En el marco del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, que se lleva adelante desde el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, se decidió vincular la línea 144 -utilizada para contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género- y el sistema de atención telefónica de emergencias 911, a fin de atender las denuncias en donde se vulneren los derechos de cualquier persona y requiera una intervención policial en carácter de urgencia.
Asimismo, se dispuso que se capacitará a las operadoras y operadores del Centro Integral de Seguridad Ciudadana 911, para recibir las llamadas y denuncias derivadas por el personal de la línea 144, tras haber evaluado la gravedad de la situación y el riesgo de la persona que se está comunicando.
De esta manera, el personal capacitado podrá actuar de manera inmediata aplicando el protocolo establecido para abordar situaciones de emergencia por violencia de género.
